En este sentido, explicó que este sistema obliga al ciudadano a asumir determinadas tareas de “autotutela tecnológica o criptográfica”, como la generación y custodia de contraseñas o claves digitales, una responsabilidad que, según señaló, no siempre resulta sencilla para usuarios no especializados. Frente a ello, contrapuso la familiaridad y comprensión social que históricamente ha tenido la firma manuscrita, “algo que cualquier persona entiende y cuyo significado conocemos desde hace siglos”.

González-Meneses advirtió también sobre la creciente utilización de la firma electrónica sin una verdadera conciencia de las implicaciones jurídicas que conlleva. Según expuso, el desarrollo legislativo ha atribuido efectos muy relevantes a estos instrumentos incluso antes de que exista una plena adaptación social y tecnológica a su uso cotidiano.

Asimismo, reflexionó sobre la idea de que la firma electrónica pueda sustituir por sí sola mecanismos tradicionales de seguridad jurídica, como la intervención notarial, al considerar que detrás de estos sistemas existe una “extraordinaria complejidad jurídica” que muchas veces pasa desapercibida para los usuarios.

Otro de los aspectos abordados durante la conferencia fue el papel de los llamados certificadores de firma electrónica. El notario aclaró que su función se limita a identificar a la persona que solicita las claves criptográficas y emitir un certificado que vincula una clave pública con su titular, sin intervenir ni tener conocimiento de los actos jurídicos concretos en los que posteriormente se utiliza esa firma.

La conferencia reunió en Sevilla a profesionales del ámbito jurídico interesados en analizar los retos que plantea la transformación digital y la necesidad de preservar la seguridad jurídica también en el entorno tecnológico.